El panorama político continúa definido por una lógica transaccional en lugar de por la estabilidad institucional. En un movimiento reciente, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha respondido al llamamiento de Alberto Núñez Feijóo para buscar apoyos a una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez. Lejos de abrir una vía de negociación, Turull ha planteado una serie de exigencias que parecen diseñadas para ser rechazadas, desvelando la compleja red de dependencias que sostiene al actual Gobierno.
Exigencias políticas como barrera a la fiscalización del Gobierno
Durante su intervención en el Consell Nacional de JxCat, Jordi Turull afirmó que el líder del PP no debería «solicitar apoyo a los empresarios», sino que tendría que «pedir disculpas» por lo que calificó como un «boicot a la oficialidad del catalán en Europa». La lista de agravios de Turull no se detuvo ahí. Exigió también una disculpa por haber animado a empresas a abandonar Cataluña y por la «moción de censura preventiva» que, a su juicio, el PP ejecutó contra Xavier Trias al facilitar la alcaldía de Jaume Collboni en Barcelona.
Estas condiciones, presentadas como innegociables, cierran en la práctica la puerta a cualquier colaboración con el Partido Popular. Las declaraciones enmarcan un mecanismo constitucional como la moción de censura no como una herramienta de control parlamentario a un gobierno cuestionado, sino como una moneda de cambio para intereses puramente partidistas y territorialistas.
La calculada ambigüedad de Junts
Turull insistió en que «Junts no actúa como el apoyo de nadie» y que su única motivación es «la defensa de Cataluña». Esta afirmación contrasta frontalmente con la realidad de la presente legislatura, donde los siete votos de su formación han sido decisivos para mantener a Pedro Sánchez en el poder y, de forma destacada, para aprobar una polémica ley de amnistía diseñada a medida de las exigencias del independentismo.
El relato de coherencia del partido, aludiendo a la disolución de pactos con el PSOE a nivel local, obvia convenientemente el trascendental apoyo prestado a nivel nacional. Esta ambigüedad estratégica permite a Junts presentarse como una fuerza de oposición al tiempo que es un pilar clave de la mayoría parlamentaria del Gobierno. La referencia al informe del abogado general de la UE sobre la amnistía como un paso para el regreso de Carles Puigdemont subraya aún más que las prioridades del partido se centran en su propia agenda, al margen de la gobernabilidad general o la salud institucional del país.
La postura expresada por Jordi Turull confirma que cualquier intento de articular una alternativa al Gobierno de Sánchez se enfrenta al muro de los intereses particulares. Al fijar condiciones imposibles, Junts no solo bloquea una potencial moción de censura, sino que reafirma su valor estratégico para el actual Ejecutivo, que se mantiene en el poder precisamente gracias a este panorama político fragmentado y transaccional. El debate se desplaza así desde la acción de gobierno hacia una negociación de exigencias que se sitúan fuera del marco institucional y jurídico.