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Investigación judicial sobre la DANA de 2024: El teléfono del alcalde de Finestrat, en el punto de mira

La jueza solicita la factura telefónica del alcalde

La investigación judicial en curso sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha dado un nuevo giro. La magistrada a cargo del caso ha requerido a Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, la presentación de la factura detallada de su teléfono corporativo. El objetivo es esclarecer las comunicaciones mantenidas ese día con Carlos Mazón y Salomé Pradas.

Según la resolución judicial, emitida el pasado viernes, se exige la entrega de la factura en un plazo de cinco días. Este requerimiento se centra en el teléfono asignado al alcalde por el Ayuntamiento de Finestrat.

Apunte Jurídico: La solicitud de información telefónica por parte de un juez instructor debe estar debidamente motivada y ser proporcional a la gravedad de los hechos investigados. Es crucial que la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones esté justificada y cumpla con los requisitos legales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Implicaciones de la solicitud judicial

La petición de la factura telefónica del alcalde Pérez Llorca sugiere que la investigación busca determinar la naturaleza y el contenido de las conversaciones mantenidas durante la emergencia climática. Se espera que la información contenida en la factura, como la duración y el horario de las llamadas, pueda aportar luz sobre la coordinación de las autoridades durante la crisis.

Apunte Jurídico: La obtención de datos personales, como los registros telefónicos, está sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. La autoridad judicial debe asegurar que el tratamiento de estos datos se realice respetando los principios de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad.
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