La petición de disolución de las Cortes por Junts
El diputado de Junts, Josep Pagès, ha solicitado al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones, argumentando que la mayoría parlamentaria y gubernamental «ya no está presente» y que el Ejecutivo ha perdido su capacidad para gobernar. Esta petición fue comunicada directamente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la Comisión de Justicia del Congreso, en el marco de la presentación de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Pagès recordó que su partido decidió poner fin al acuerdo con el PSOE, enfatizando que, aunque el Gobierno continúa funcionando, ha perdido su capacidad para impulsar políticamente. En sus palabras, el diputado instó a que el Gobierno regrese «a la fuente de la legitimidad democrática, devolviendo la voz al Parlamento o, en última instancia, al pueblo». Por su parte, la representante de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmó que la separación de su partido del Gobierno sigue en pie y que para ellos «romper es romper».
Contradicciones y límites constitucionales en la petición de disolución
El reclamo de disolución de las Cortes por parte de Junts pone en evidencia una crisis política que, sin embargo, debe analizarse bajo el prisma jurídico. Según la Constitución Española, la disolución de las Cortes Generales es una prerrogativa del Presidente del Gobierno, pero está sujeta a condiciones estrictas y no puede ser exigida unilateralmente por un grupo parlamentario. Además, la separación de poderes impide que el Parlamento o sus miembros impongan directamente la convocatoria electoral, ya que ello corresponde al Ejecutivo bajo supervisión constitucional.
La legitimidad democrática y la capacidad de gobernar
El argumento de Josep Pagès sobre la pérdida de capacidad del Gobierno para impulsar políticamente refleja una crítica recurrente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, la continuidad del Gobierno y la vigencia de sus funciones están respaldadas por el marco constitucional y parlamentario, siempre que mantenga la confianza del Congreso o no se haya producido una moción de censura exitosa.
Por otro lado, la afirmación de que la mayoría parlamentaria «ya no está presente» debe ser examinada con rigor: la mayoría se determina en función de los votos y acuerdos formales, no solo por la retirada de un socio. La dinámica política puede cambiar, pero jurídicamente la legitimidad del Gobierno se mantiene mientras no se produzca una resolución formal que así lo declare.
Conclusión: la política y el derecho en tensión
La solicitud de Junts para disolver las Cortes y convocar elecciones pone de manifiesto las tensiones políticas actuales, pero también revela una falta de comprensión o respeto por los límites jurídicos que regulan la estabilidad institucional. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez siga contando con el respaldo formal del Parlamento o no se activen los mecanismos constitucionales correspondientes, su continuidad es legítima y legal.
En definitiva, las críticas políticas deben ser acompañadas de un análisis jurídico riguroso para evitar confundir la voluntad política con las competencias constitucionales, y para preservar el equilibrio entre los poderes del Estado que garantiza la democracia española.