Asociación Española de Contribuyentes


Ingeniería Fiscal y el Intervencionismo: Un Análisis Crítico

La Legitimidad de la Planificación Fiscal

Minimizar la carga fiscal, obtenida coactivamente por la Hacienda Pública de ingresos legítimamente ganados, no solo es una actividad legítima, sino una obligación de todo gestor responsable. La demonización de la «ingeniería fiscal» busca desacreditar a aquellos que, actuando dentro de la ley, optimizan su situación tributaria.

Sesgo Ideológico y Derecho a la Propiedad

Algunos medios, como los vinculados a #ELPAISOE, parecen sugerir que el socialismo tiene un derecho inherente a apropiarse de la riqueza ajena. Un ejemplo de esto es la afirmación: «Los sistemas tributarios son redes tejidas para atrapar los beneficios allí donde se generan, pero las multinacionales han aprendido a escapar». Esta frase revela una mentalidad que prioriza la recaudación estatal por encima del derecho a la propiedad y la libertad económica.

Apunte Jurídico: El derecho a la propiedad privada está protegido por la Constitución Española. Si bien el Estado tiene la potestad de establecer impuestos, esta potestad no es ilimitada y debe ejercerse dentro del marco legal, respetando los principios de proporcionalidad, no confiscatoriedad y seguridad jurídica. La planificación fiscal, siempre que se ajuste a la ley, es un ejercicio legítimo de este derecho.

La Verdadera Ingeniería Fiscal: El Intervencionismo Estatal

La verdadera «ingeniería fiscal» reside en la creación de complejas estructuras legales y regulaciones que permiten al Estado apropiarse de una parte cada vez mayor de la riqueza generada por los ciudadanos y las empresas. Esta práctica, a menudo justificada con argumentos de justicia social, puede socavar la iniciativa privada y el crecimiento económico.

Apunte Jurídico: La progresividad fiscal, aunque constitucionalmente permitida, debe tener límites. Un sistema tributario excesivamente progresivo puede desincentivar la inversión, la creación de empleo y la generación de riqueza, afectando negativamente al conjunto de la sociedad. Además, la complejidad del sistema tributario facilita la discrecionalidad administrativa y la inseguridad jurídica.