En una manifestación en Madrid, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra el Ejecutivo, afirmando que «el sanchismo está en prisión y debe abandonar el Gobierno». Ante los asistentes, Feijóo ha calificado el «sanchismo» como una forma de «corrupción en los ámbitos político, económico, institucional, social y moral», y ha reiterado su principal demanda política: la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Más allá de la retórica política, la petición del líder de la oposición choca con los mecanismos que la propia Constitución Española establece para un cambio de Gobierno. La estrategia del PP parece centrarse en la presión política y social, apelando directamente a los socios parlamentarios que sostienen al actual Ejecutivo.
La presión sobre los socios de investidura
Durante su intervención, Feijóo se dirigió explícitamente al PNV y a Junts, los dos partidos cuyos votos son cruciales para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del PP les interpeló directamente: «¿hasta cuándo van a seguir aceptando para cuidar sus intereses?». Con esta pregunta, busca erosionar la base parlamentaria del Gobierno, sugiriendo que el apoyo a Sánchez tiene un coste reputacional y político que podría volverse insostenible.
Sin embargo, esta apelación es un movimiento puramente político. La decisión de mantener o retirar el apoyo a un Gobierno recae exclusivamente en la soberanía de cada formación política, que pondera sus propios intereses estratégicos y los acuerdos alcanzados. No existe un mecanismo jurídico que obligue a los socios a romper un pacto de investidura por acusaciones de la oposición, por graves que estas sean.
La convocatoria de elecciones: una potestad exclusiva del Presidente
La principal exigencia de Feijóo, la convocatoria inmediata de elecciones, es una de las prerrogativas más importantes del Presidente del Gobierno. Aunque la oposición puede solicitarla como una herramienta de presión, la decisión final recae únicamente en Pedro Sánchez, previa deliberación del Consejo de Ministros. La Constitución no contempla que la presión popular o parlamentaria, fuera de los cauces de una moción de censura, pueda forzar un adelanto electoral.
La estrategia del PP, por tanto, se enmarca en una batalla por el relato político, buscando generar un clima de opinión pública que fuerce a Sánchez a disolver las Cortes o que desgaste a sus socios hasta provocar una crisis de Gobierno. No obstante, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el mandato del actual Ejecutivo sigue vigente mientras mantenga la confianza de la mayoría del Congreso.