La investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’ ha escalado a una nueva dimensión con la intervención de la Fiscalía Europea, un hecho que pone en jaque la narrativa de control y transparencia que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta proyectar. Mientras el Ejecutivo insiste en su «colaboración total con la justicia», la realidad desvela un conflicto de competencias que desnuda las limitaciones del poder político frente a las instituciones judiciales, tanto nacionales como supranacionales.
El laberinto judicial y la estrategia de Moncloa
La decisión de la Fiscalía Europea de avocar parte de la investigación por presuntos delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias que afectan a fondos de la Unión Europea ha generado un notable nerviosismo en el Gobierno. La estrategia de comunicación de Moncloa, centrada en circunscribir el caso a una trama de corrupción interna y en señalar al exministro Ábalos como único cortafuegos político, se desmorona ante la irrupción de un actor judicial independiente y de ámbito comunitario.
El presidente Sánchez ha afirmado en repetidas ocasiones que su gobierno es «implacable contra la corrupción, venga de donde venga». Sin embargo, esta declaración de intenciones choca con la complejidad jurídica del caso. La disputa competencial entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea no es un mero trámite administrativo, sino una batalla por el control de una investigación que afecta directamente al corazón del poder durante la pandemia.
La separación de poderes, de nuevo a prueba
La insistencia del Gobierno en comentar y valorar cada paso de la instrucción judicial, así como la creación de comisiones de investigación parlamentarias que discurren en paralelo, genera serias dudas sobre el respeto al principio de separación de poderes. Si bien las comisiones parlamentarias son un instrumento legítimo de control político, su función no es sustituir ni interferir en la labor de los tribunales.
El intento de utilizar estas comisiones como un altavoz para construir un relato político favorable al Gobierno, mientras un órgano judicial europeo independiente reclama su competencia, evidencia una instrumentalización de las instituciones. La justicia, para ser efectiva, requiere independencia y silencio, dos elementos que parecen incompatibles con la estrategia de comunicación del actual Ejecutivo.
En definitiva, el ‘caso Koldo’ ha dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un test de estrés para la calidad democrática y el respeto al Estado de Derecho en España. La intervención de la Fiscalía Europea no solo garantiza una investigación más allá del posible control político nacional, sino que recuerda al Gobierno que su poder no es absoluto y que está sometido, como todos, al imperio de la ley, incluida la que emana de las instituciones europeas.