Asociación Española de Contribuyentes


La reacción del PSOE a la prisión de Ábalos: entre el ‘respeto’ judicial y la ‘tolerancia’ a la corrupción

La entrada en prisión preventiva del exministro José Luis Ábalos ha provocado una reacción calculada en la sede del PSOE. Lejos de la sorpresa o la contundencia, fuentes de Ferraz han transmitido un mensaje de normalidad institucional que, sin embargo, desvela una estrategia política para minimizar el impacto de uno de los mayores escándalos de la legislatura. El argumentario socialista se mueve entre el respeto formal a la Justicia y una serie de afirmaciones que buscan diluir la gravedad de los hechos.

Una reacción calculada: ‘Ya veníamos llorados’

Según fuentes del PSOE citadas por agencias, la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no ha cogido desprevenido al partido. Desde Ferraz admiten que se habían estado preparando para este escenario, que califican como «una posibilidad». En un intento de controlar el relato, las mismas fuentes enmarcan la medida como «un avance en el proceso judicial», subrayando que «no se trata de una condena».

El esfuerzo por mitigar el daño político es evidente. Los socialistas argumentan que el efecto de la entrada de Ábalos en prisión ya estaba amortizado por el ingreso previo en el centro penitenciario de Soto del Real de Santos Cerdán, también exsecretario de Organización. Esta línea argumental sugiere una estrategia de normalización de hechos de extrema gravedad, como si la entrada en prisión de altos cargos del partido fuera un gaje del oficio político.

Apunte Jurídico: La prisión provisional, lejos de ser un trámite, es la medida cautelar más grave en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para su adopción la existencia de indicios racionales de criminalidad y la concurrencia de fines constitucionalmente legítimos, como evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva. Su imposición a un exministro no es un mero ‘avance procesal’, sino una señal de la solidez de los indicios y la gravedad de los hechos investigados por el juez instructor.

El lapsus que delata: ‘Tolerancia frente a la corrupción’

Más allá de la estrategia de comunicación, un detalle en las declaraciones de las fuentes socialistas resulta especialmente revelador. Al reafirmar su postura, subrayaron la «tolerancia frente a la corrupción» del partido. Este aparente lapsus, que contradice el mantra de la «tolerancia cero» repetido por el propio Pedro Sánchez, pone en tela de juicio la sinceridad del compromiso del Gobierno en la lucha contra las prácticas corruptas.

Mientras el PSOE reafirma públicamente su «cooperación con el sistema judicial y el respeto por las resoluciones de los jueces», su discurso paralelo de mitigación de daños y sus reveladores errores lingüísticos proyectan una imagen de un partido más preocupado por el coste electoral que por la rendición de cuentas y la regeneración democrática.

Apunte Jurídico: El principio de separación de poderes, pilar del Estado de Derecho, exige una escrupulosa distancia entre el poder político y el judicial. Si bien es preceptivo que los partidos manifiesten ‘respeto’ por las resoluciones judiciales, la elaboración de estrategias de comunicación para ‘mitigar’ o ‘amortizar’ el impacto político de dichas decisiones puede interpretarse como un intento de influir en la percepción pública de la Justicia. La función de un partido no es gestionar políticamente las consecuencias de un auto judicial, sino colaborar con la Justicia y asumir las responsabilidades políticas que se deriven.

En definitiva, la respuesta del PSOE a la prisión de Ábalos evidencia una profunda contradicción: por un lado, el acatamiento formal a las decisiones judiciales; por otro, un operativo de control de daños que busca normalizar lo inaceptable y que, por el camino, deja al descubierto una inquietante ‘tolerancia’ hacia la corrupción.