El presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSdeG en la provincia, José Tomé, ha respondido públicamente a las acusaciones de acoso sexual vertidas contra él. En una comparecencia ante los medios, Tomé ha negado categóricamente los hechos y ha anunciado el inicio de acciones legales, una estrategia defensiva que, sin embargo, plantea interrogantes sobre el uso de la plataforma institucional para abordar un asunto de índole personal.
La respuesta oficial: negación y amenaza de judicialización
Frente a las informaciones que le señalan, la respuesta del también alcalde de Monforte de Lemos ha sido contundente. Según sus propias palabras en rueda de prensa, Tomé afirmó que la información «no es cierta» y que, en consecuencia, tomará las medidas judiciales que considere oportunas. Esta declaración busca zanjar el debate público y trasladarlo al terreno de los tribunales, un movimiento habitual en políticos que enfrentan acusaciones graves.
Sin embargo, la elección del foro para realizar este anuncio —una comparecencia como cargo público— desdibuja la necesaria separación entre la esfera institucional y la defensa de intereses privados. Al utilizar su posición para defenderse, se corre el riesgo de proyectar el poder del cargo sobre un asunto que debería dirimirse en igualdad de condiciones ante la justicia.
El cargo público frente al escrutinio
La reacción de José Tomé evidencia una tensión clásica en democracia: la del político que, sintiéndose atacado en su esfera personal, recurre a las herramientas de su poder institucional para defenderse. Si bien la presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho que ampara a todo ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias ineludibles para quien ostenta un cargo financiado con fondos públicos.
La estrategia de judicializar el debate no anula la responsabilidad política. La ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de las acusaciones y a evaluar la idoneidad de sus representantes. Trasladar la controversia exclusivamente a los juzgados puede ser interpretado no solo como una defensa legítima, sino también como un intento de eludir el control político y mediático, amparándose en la lentitud y la complejidad de los procesos judiciales.