La Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre se convirtió este miércoles en el escenario de una ofensiva política orquestada por los socios del Gobierno de Pedro Sánchez contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Sin embargo, la estrategia de PSOE, Compromís y ERC chocó con la firmeza de su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, quien se negó a participar en un interrogatorio que excedía las competencias del órgano parlamentario.
Un testimonio que desmonta el relato de la negligencia
Durante su comparecencia, José Manuel Cuenca defendió la gestión del exlíder del Consell, afirmando que este «estuvo al tanto de los acontecimientos» y que «no hubo solicitudes para que asistiera a la reunión del Cecopi». Estas declaraciones desmontan el relato que los grupos de izquierda han intentado construir en torno a una supuesta desatención de funciones por parte de Mazón.
Los representantes de PSOE, Compromís y ERC centraron su interrogatorio en un almuerzo que Mazón mantuvo ese día con la periodista Maribel Vilaplana, sugiriendo que el entonces presidente debió abandonar sus compromisos para acudir a una reunión a la que, según su jefe de gabinete, no fue formalmente convocado. Ante la insistencia y el tono de las preguntas, Cuenca optó por remitirse a su declaración ante la jueza que instruye la causa, un movimiento que evidencia la colisión entre la investigación política y el proceso judicial en curso.
El exjefe de gabinete se negó a responder a cuestiones que calificó de «insidias» o que no guardaban relación con el objeto de la Comisión, expresando su malestar ante lo que consideró un intento de «dañar su reputación». Su postura no fue un acto de opacidad, sino un recordatorio de los límites que impone el Estado de Derecho a las investigaciones parlamentarias.
La instrumentalización de las comisiones parlamentarias
La sesión puso de manifiesto una estrategia recurrente del actual Gobierno y sus socios: la utilización de las comisiones de investigación no como un instrumento para esclarecer hechos de interés público, sino como una plataforma para desgastar al adversario político. Al intentar replicar un interrogatorio judicial en sede parlamentaria, los diputados de la izquierda ignoraron deliberadamente las garantías procesales y los límites competenciales que rigen en una democracia.
La negativa de Cuenca a participar en este juicio paralelo no solo protege su posición jurídica, sino que expone la irregularidad de un procedimiento que busca sentencias mediáticas en lugar de responsabilidades políticas fundamentadas. La jornada, lejos de arrojar luz sobre la gestión de la catástrofe, sirvió para ilustrar cómo se pueden instrumentalizar las instituciones con fines partidistas, erosionando la confianza en los mecanismos de control parlamentario.