Un nombramiento envuelto en polémica
El Gobierno ha formalizado su respaldo a la candidatura de Teresa Peramato para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, una decisión que ha generado debate y suspicacias en diversos sectores. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, justificó la propuesta argumentando que Peramato es la persona idónea para liderar la Fiscalía, destacando su “compromiso con el feminismo y su dedicación al servicio público”.
Sin embargo, las alabanzas del Gobierno contrastan con las dudas sobre la independencia del Ministerio Fiscal, especialmente tras las recientes controversias en torno a la politización de la justicia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también se sumó al apoyo a Peramato, afirmando que su designación demuestra que “combatir la violencia de género es una prioridad para el Gobierno”.
¿Prioridad gubernamental o garantía de imparcialidad?
Las declaraciones de los representantes del PSOE y Sumar en el Congreso, Patxi López y Verónica Barbero respectivamente, inciden en la experiencia y trayectoria de Peramato, así como en su compromiso con la lucha contra la violencia de género. No obstante, estas justificaciones levantan interrogantes sobre si el Gobierno está priorizando afinidades ideológicas por encima de la necesaria imparcialidad que debe caracterizar al titular de la Fiscalía General del Estado.
La sombra de la injerencia política
La insistencia del Gobierno en resaltar el “compromiso feminista” de Peramato como principal argumento para su designación alimenta las críticas sobre una posible injerencia política en la Fiscalía. Si bien la lucha contra la violencia de género es una causa legítima, la percepción de que la Fiscalía General del Estado pueda estar sesgada ideológicamente socava la confianza en la justicia y su capacidad para actuar con objetividad en todos los casos.
La defensa de Bolaños sobre el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal suena contradictoria a la luz de la promoción de un perfil tan explícitamente alineado con la agenda política del Gobierno. La ciudadanía espera que el Fiscal General vele por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su género o ideología.