El Gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, ha intentado zanjar la polémica por la destitución del exasesor de Moncloa, Paco Salazar, envuelto en graves acusaciones de acoso. Sin embargo, la versión oficial, centrada en una supuesta reacción fulminante, choca con la naturaleza de las denuncias y deja en el aire serias dudas sobre la responsabilidad de la Administración.
La versión oficial: una destitución «inmediata»
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno se esforzó en presentar una imagen de contundencia. Al ser preguntada por los detalles de la denuncia de varias trabajadoras, Alegría afirmó que, una vez se tuvo conocimiento de la situación, se actuó sin dilación. «Desde que se supieron las primeras noticias en julio, se le destituyó de forma inmediata», declaró la ministra.
Además, según su relato, se mantuvo un encuentro con las empleadas afectadas para transmitirles que «Moncloa era un lugar seguro donde podían presentar cualquier tipo de denuncia sobre conductas inapropiadas». Un mensaje que busca proyectar control y diligencia, pero que contrasta con la cronología y la gravedad de los hechos denunciados.
La realidad de las denuncias: un patrón de conducta
Mientras el Ejecutivo pone el foco en la rapidez de su reacción, los hechos revelados por ‘eldiario.es’ describen un escenario muy diferente. No se trata de un incidente aislado, sino de un presunto patrón de comportamiento. Las denunciantes afirmaron que Salazar «se abrochaba la cremallera frente a ellas, simulaba actos sexuales y solicitaba que le mostraran el escote».
Estas conductas, de confirmarse, habrían tenido lugar en el propio complejo de la Presidencia del Gobierno, lo que cuestiona la eficacia de los mecanismos de control y supervisión internos. La narrativa gubernamental de un «lugar seguro» se debilita ante la evidencia de que un alto cargo pudo, presuntamente, mantener estas actitudes durante un tiempo sin consecuencias.
Entre la responsabilidad política y la obligación legal
La estrategia del Gobierno parece clara: presentar la destitución como una solución política rápida para un problema que, en realidad, tiene profundas implicaciones legales. Un cese por pérdida de confianza es una herramienta política, pero no sustituye la obligación legal de investigar a fondo los hechos y depurar responsabilidades disciplinarias, si proceden.
La insistencia en la «inmediatez» del cese parece un intento de desviar la atención de la pregunta fundamental: ¿cómo es posible que este tipo de comportamientos tuvieran lugar en el corazón del poder ejecutivo? La respuesta del Gobierno se limita a la reacción, eludiendo cualquier autocrítica sobre su deber de prevención. Mientras tanto, las graves acusaciones siguen poniendo en entredicho la supuesta ejemplaridad y seguridad del entorno laboral en Moncloa.