La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha confirmado el desenlace: la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell ha fracasado. La entidad no ha logrado el respaldo mínimo de accionistas que necesitaba para tomar el control, poniendo fin a una de las operaciones corporativas más relevantes de los últimos años. Sin embargo, más allá del veredicto de los accionistas, el proceso deja una profunda cicatriz: la de la intervención política del Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el primer minuto se posicionó en contra de la fusión.
El «no» del Gobierno como estrategia de presión
Mientras los accionistas del Sabadell evaluaban la oferta, el Ejecutivo desplegaba una campaña pública de rechazo. Ministros y el propio presidente del Gobierno manifestaron su oposición frontal a la operación, tanto «en la forma como en el fondo». Los argumentos esgrimidos se centraron en los supuestos riesgos de una excesiva concentración bancaria, el potencial perjuicio para los clientes y la cohesión territorial. Sin embargo, estas declaraciones, realizadas antes de que los organismos competentes pudieran siquiera analizar la operación, funcionaron como un elemento de presión externa sobre una decisión que correspondía exclusivamente a los actores privados.
El mercado dicta un veredicto opuesto al de Moncloa
La reacción de los mercados financieros al fracaso de la OPA ofrece una perspectiva reveladora y contraria a la narrativa gubernamental. Tras conocerse la noticia, las acciones del BBVA experimentaron una subida significativa en Wall Street. Este movimiento sugiere que los inversores, lejos de lamentar el bloqueo de la operación, premiaron a la entidad por abandonar una transacción que se había vuelto extraordinariamente compleja, en gran parte debido a la hostilidad política. El mercado, con su propia lógica, valoró la reducción de la incertidumbre regulatoria y el fin de un enfrentamiento directo con el Gobierno.
En conclusión, la OPA ha fracasado por la decisión soberana de los accionistas del Banco Sabadell, como debe ser en una economía de libre mercado. No obstante, el activismo del Gobierno de Sánchez en contra de la operación sienta un precedente preocupante. El mensaje que se traslada a los inversores nacionales e internacionales es que las grandes decisiones corporativas en España están sujetas al visto bueno ideológico del poder político de turno, un factor que erosiona la confianza y la previsibilidad, pilares fundamentales de cualquier economía avanzada.