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  CoreWeave Rg A es una firma dedicada a proveer infraestructura de inteligencia artificial o IA, lo que despertó un gran interés por la misma...

Junts exige la disolución de las Cortes, pero la Constitución limita esta prerrogativa al Presidente del Gobierno, no a grupos parlamentarios.

El anteproyecto de ley sobre la jornada laboral docente genera dudas sobre la invasión de competencias autonómicas y la sostenibilidad financiera de la medida.

Vox condiciona la sucesión de Mazón en la Generalitat Valenciana exigiendo compromisos en Pacto Verde, impuestos, educación y política migratoria.

La patronal CEOE rechaza la propuesta de ampliar el permiso por fallecimiento a diez días por su coste. UGT amenaza con instar al Ejecutivo a legislar si no hay acuerdo, abriendo la puerta a una nueva intervención estatal en las relaciones laborales.

La pareja de la presidenta de Madrid acusa a Álvaro García Ortiz de 'matarlo públicamente' al filtrar datos de un pacto propuesto por su defensa, convirtiéndolo en un 'delincuente confeso' antes de juicio.

Un magistrado del Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue al PSOE por los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo. El juez sospecha de un posible blanqueo de capitales al no poderse acreditar el origen del dinero.

Mientras el Ejecutivo de Sánchez promueve controles de precios, el sector inmobiliario advierte: España necesita 3 millones de viviendas en alquiler, una inversión de 540.000 millones que la ideología intervencionista ahuyenta.

El lanzamiento del SpainSat NG II plantea dudas sobre la justificación del gasto público en defensa frente a otras necesidades sociales más urgentes.

El TSJM confirma la suspensión de las obras de aparcamientos subterráneos y túneles cercanos al Santiago Bernabéu, desestimando el recurso del Ayuntamiento y el Real Madrid. La decisión judicial respalda a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y pone en tela de juicio la legalidad del proyecto urbanístico.

El intento de BBVA por adquirir Banco Sabadell concluye sin éxito. Analizamos cómo el Gobierno de Sánchez se opuso a la operación desde el inicio, sentando un peligroso precedente de intervencionismo que choca con la lógica del mercado.