La Xunta, acorralada por la presión popular: miles de gallegos exigen paralizar la macrocelulosa de Altri
Un clamor popular ha resonado este domingo en Santiago de Compostela, poniendo al Gobierno de la Xunta de Galicia en una posición delicada. Miles de personas, cifradas por los organizadores en cerca de 80.000, han marchado para expresar un rechazo frontal a la construcción de una planta de celulosa de la empresa Altri en Palas de Rei (Lugo), un proyecto industrial pendiente de la autorización final del ejecutivo autonómico.
Un «no» rotundo desde la calle
La manifestación, convocada por las plataformas Ulloa Viva y En Defensa da Ría de Arousa, ha aglutinado a un amplio espectro de la sociedad gallega bajo el lema «Dende a Ulloa ata o mar, polas que somos e as que virán». El mensaje de los participantes es claro: el modelo de desarrollo que representa Altri no es el que desean para su futuro.
Marta Gontá, portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, articuló el sentir general al afirmar que es necesario «salvaguardar los recursos naturales en beneficio de la población y no permitir que caigan en manos de empresas que buscan lucrarse». Esta declaración apunta directamente a la responsabilidad de la administración pública como garante del interés general frente a los intereses corporativos.
La decisión final, en el tejado del Gobierno gallego
El recorrido de la protesta culminó en la emblemática Praza do Obradoiro, donde se leyó un manifiesto que no dejaba lugar a dudas. Con un contundente «Altri no, fuera ya», los manifestantes interpelaron directamente al Gobierno gallego, instándole a no otorgar la autorización ambiental integrada que el proyecto necesita para seguir adelante.
La Xunta se enfrenta ahora a un escenario complejo. Por un lado, la presión de una movilización social de gran envergadura que cuestiona el impacto ambiental y económico del proyecto. Por otro, la obligación de ceñirse a un procedimiento administrativo y legal que exige decisiones técnicamente motivadas. Cualquier paso en falso, ya sea cediendo a la presión sin justificación legal o ignorando un clamor ciudadano masivo, tendrá un alto coste político y, potencialmente, jurídico.