Fallo de control estatal: La Justicia investiga si un laboratorio propagó la peste porcina en Cataluña
En una alarmante paradoja que cuestiona la eficacia de los controles públicos, un juzgado de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha iniciado una investigación para determinar si el reciente brote de peste porcina africana en Cataluña se originó, precisamente, en un laboratorio que manejaba el virus. Lo que debía ser un centro de contención y estudio podría haberse convertido en el foco de la epidemia, un escenario que apunta a un grave fallo de la administración.
La investigación apunta a un presunto delito ambiental
La voz de alarma la ha dado el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha confirmado la apertura de diligencias. Según el comunicado oficial, los Mossos d’Esquadra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han estado rastreando el origen del virus y sus conclusiones, plasmadas en un informe, han sido suficientes para que el juzgado de instancia de Cerdanyola vea indicios de un posible delito contra el medio ambiente. El caso ha sido remitido al juzgado de instrucción número dos de la misma localidad para que formalice la investigación.
Este giro en los acontecimientos pone el foco no en un accidente natural, sino en una posible negligencia humana dentro de una instalación que, por su naturaleza, debería operar bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad. La investigación deberá esclarecer si hubo una fuga, un mal manejo de muestras o una quiebra en los sistemas de contención que permitió que el virus escapara al exterior.
Secretismo judicial y la sombra de la opacidad administrativa
El TSJC ha adelantado que, una vez se incoe formalmente la causa, es previsible que esta sea declarada secreta. Si bien el secreto de sumario es una herramienta procesal común para garantizar el éxito de una investigación, en casos que involucran a posibles fallos de la administración pública, a menudo se convierte en un velo que impide el escrutinio público. La falta de transparencia sobre qué laboratorio está bajo sospecha y qué protocolos fallaron alimenta la desconfianza ciudadana en la gestión de riesgos biológicos por parte de las autoridades.
La sociedad tiene derecho a conocer si las instituciones diseñadas para protegerla se convierten, por negligencia o incompetencia, en la fuente del problema. La investigación judicial será clave para depurar responsabilidades, no solo penales, sino también políticas y administrativas, en un caso que evidencia las peligrosas consecuencias del intervencionismo cuando este carece del rigor y la supervisión necesarios.