El Gobierno y la investigación sobre la peste porcina africana: entre la alarma y la realidad científica
Contexto y declaraciones oficiales
Recientemente, el Gobierno ha anunciado que investiga la posibilidad de que el virus de la peste porcina africana (PPA) se haya originado en un laboratorio, focalizando la atención en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra. Este centro, ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, está a apenas un kilómetro del lugar donde se detectó el brote que afectó a jabalíes.
Según fuentes oficiales, el IRTA-CReSA es un laboratorio de referencia europeo en salud animal, que realiza diagnósticos oficiales, investiga enfermedades, y desarrolla herramientas de prevención como vacunas. El Gobierno, en palabras no oficiales del equipo de Pedro Sánchez, sugiere que la proximidad geográfica y la actividad investigadora del centro justifican la hipótesis de un origen accidental en laboratorio.
Contradicciones y falta de rigor en la hipótesis oficial
Sin embargo, esta hipótesis choca con la realidad científica y jurídica. El IRTA-CReSA, como laboratorio de referencia, está sujeto a estrictos protocolos de bioseguridad y supervisión administrativa y judicial. La mera proximidad geográfica no implica responsabilidad ni indicio alguno de negligencia o accidente.
Además, el Gobierno no ha aportado pruebas concretas que sustenten sus afirmaciones, lo que genera dudas sobre el rigor y la objetividad de la investigación. La alarma pública generada puede interpretarse como un intento de justificar intervenciones estatales en el sector agropecuario bajo un pretexto cuestionable.
Límites constitucionales y competencias del Gobierno
Desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo central debe respetar las competencias establecidas en la Constitución y en la legislación sanitaria. La gestión de emergencias sanitarias en el ámbito animal requiere coordinación con comunidades autónomas y organismos científicos independientes, no puede basarse en especulaciones sin respaldo técnico.
La utilización política de esta crisis para justificar medidas intervencionistas contraviene el principio de legalidad y puede vulnerar derechos fundamentales relacionados con la propiedad y la actividad económica.
En definitiva, la investigación del Gobierno sobre la posible relación entre el IRTA-CReSA y el brote de peste porcina africana carece por ahora de fundamentos sólidos y parece más una maniobra política que un ejercicio riguroso basado en evidencias científicas y jurídicas.