La gestión de una alerta sanitaria por la muerte de jabalíes en el parque de Collserola, en Barcelona, ha derivado en un notable despliegue de medios estatales que pone en tela de juicio los principios de eficiencia y proporcionalidad en la actuación de la Administración. Aunque la situación requiere atención, la movilización de unidades militares de emergencia junto a agentes rurales y policía para una crisis de fauna local suscita serias preguntas sobre el uso de los recursos públicos.
Los hechos según la versión oficial
La Generalitat de Cataluña ha informado del hallazgo de «alrededor de cincuenta jabalíes muertos» en la zona de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Sin embargo, de esa cifra, solo nueve casos han sido confirmados como positivos por la enfermedad que se investiga. Así lo ha comunicado el inspector jefe de los Agentes Rurales, Josep Antoni Mur, quien afirmó: «Hemos hallado alrededor de cincuenta animales fallecidos, pero desconocemos el análisis para verificar si estaban infectados. Sin embargo, todos los casos positivos confirmados provienen de esta área restringida».
La respuesta oficial ha consistido en acordonar un perímetro de seis kilómetros y movilizar a unidades de agentes rurales, cuerpos policiales y, de forma destacada, a miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para rastrear la zona.
Una respuesta que genera interrogantes
La presencia de la UME, un cuerpo de élite del Ejército diseñado para actuar en grandes catástrofes y emergencias nacionales, en una operación de control de fauna local, parece una medida de difícil justificación. Si bien la colaboración entre administraciones es lícita, la utilización de recursos militares para una tarea que, a priori, compete a los servicios de medio ambiente y agricultura de la Generalitat, sugiere una de dos cosas: o bien la situación es mucho más grave de lo que se admite, o bien se está recurriendo a un despliegue aparatoso sin un análisis coste-beneficio adecuado.
Este tipo de intervenciones, donde se moviliza maquinaria estatal de alto coste para problemas localizados, a menudo responden más a una estrategia de comunicación política que a una necesidad operativa real. La imagen de un despliegue masivo transmite una sensación de control gubernamental, pero oculta las ineficiencias y el coste que supone para el contribuyente desviar unidades especializadas de sus funciones primordiales.