El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas ante las crecientes acusaciones que vinculan a Begoña Gómez, esposa del presidente, con el polémico rescate de la aerolínea Air Europa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha salido al paso de las declaraciones del exministro José Luis Ábalos, calificándolas de «falsedades y rumores» y enmarcándolas en una mera «reacción defensiva».
La defensa del Gobierno: «Falsedades y rumores»
En una rueda de prensa, Montero ha intentado desacreditar las afirmaciones de Ábalos, publicadas en el diario ‘El Mundo’, donde el exministro socialista señalaba directamente a Begoña Gómez. Según la vicepresidenta, el Ejecutivo y el PSOE «no se dejarán intimidar por nadie». La estrategia del Gobierno parece clara: presentar las acusaciones como un intento desesperado de desviar la atención. «Las personas en una situación legal intentan involucrar a personas inocentes mediante mentiras y rumores», afirmó Montero.
La número dos del Gobierno expresó su «preocupación» por esta situación, aunque se mostró confiada en que «la verdad termina saliendo a la luz». Este argumento, sin embargo, choca con la gravedad de las imputaciones, que apuntan a un posible conflicto de intereses en la concesión de una ayuda pública millonaria.
La narrativa de la «condena mediática»
Otro de los pilares de la defensa gubernamental es la denuncia de una supuesta «condena mediática de individuos que son nombrados sin justificación, sin argumentos ni pruebas». Con esta afirmación, Montero intenta trasladar el foco del contenido de las acusaciones a la forma en que se difunden, una táctica habitual para eludir el fondo de la cuestión.
Respecto al rescate de Air Europa, la vicepresidenta ha asegurado que la operación «ha sido objeto de investigación, auditoría y supervisión por todas las entidades de control». No obstante, estas auditorías suelen centrarse en la viabilidad económica y el procedimiento administrativo, sin entrar a valorar necesariamente los posibles conflictos de interés de los miembros del Consejo de Ministros que aprobaron la ayuda.
La respuesta del Gobierno, personificada en María Jesús Montero, se basa en la descalificación del acusador y la victimización ante una supuesta campaña mediática. Sin embargo, las preguntas sobre la idoneidad del rescate y el papel que pudo jugar el entorno del presidente del Gobierno siguen sin una respuesta jurídica y política convincente, más allá de las declaraciones de intenciones.