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La Justicia acorrala al círculo de Sánchez: Cerdán y Hernando, citados por presunto espionaje a fiscales

La investigación judicial sobre una presunta trama de espionaje a fiscales y altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil escala y se adentra en el círculo más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha citado a declarar como testigos a dos figuras clave del socialismo: Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y ex director adjunto del gabinete de Presidencia.

La confesión que salpica a Moncloa

La decisión del juez, recogida en un auto al que ha tenido acceso la agencia EFE, se fundamenta en la confesión de la principal investigada, Leire Díez. Según su testimonio, mantuvo encuentros en abril de 2024 con Santos Cerdán, y en al menos una de esas reuniones también participó Antonio Hernando. En aquel momento, Hernando ocupaba un puesto de máxima confianza en Moncloa, lo que arroja serias dudas sobre el conocimiento y el alcance de estas actividades en las altas esferas del Ejecutivo.

La citación está fijada para el próximo 2 de febrero. Tanto Cerdán como Hernando deberán comparecer para aclarar la naturaleza y el contenido de dichas reuniones. El juez les ha advertido de que, en caso de incomparecencia injustificada, se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 5.000 euros, una medida que subraya la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos.

Apunte Jurídico: La citación como testigo implica la obligación legal de comparecer ante el juez y de responder a las preguntas formuladas. A diferencia de un investigado, que tiene derecho a no declarar contra sí mismo o incluso a mentir, el testigo está obligado por ley a decir la verdad. El falso testimonio en causa criminal está tipificado como delito en el Código Penal, lo que sitúa a los altos cargos citados en una posición de máxima exigencia y responsabilidad jurídica.

El PSOE, obligado a dar explicaciones

El cerco judicial no se limita a las declaraciones personales. El magistrado Zamarriego ha ido un paso más allá y ha requerido formalmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que aporte información detallada sobre su relación con los implicados. En un plazo de diez días, el partido que sustenta al Gobierno deberá aclarar por escrito:

  • La relación de Leire Díez con el partido: si ha realizado trabajos para la formación, si fue remunerada por ellos y las fechas exactas de su militancia.
  • Los vínculos de Santos Cerdán y Antonio Hernando: si son o han sido militantes, sus fechas de alta y baja, y un detalle de las funciones y cargos que han desempeñado dentro de la estructura del partido.

Esta solicitud pone de manifiesto que la investigación no solo se centra en las acciones individuales, sino que también explora la posible utilización de estructuras o recursos del partido en el poder para fines presuntamente ilícitos.

Apunte Jurídico: Un juez de instrucción, en el ejercicio de sus funciones, tiene la potestad de requerir a cualquier persona física o jurídica, incluyendo a los partidos políticos, la información que considere pertinente para una investigación. Este poder emana del principio de colaboración con la Justicia. La negativa a proporcionar la información solicitada o la ocultación de datos puede constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial, reforzando la idea de que ninguna organización, por poderosa que sea, está por encima del Estado de Derecho.

Junto a los dos políticos socialistas, el juez ha convocado en la misma fecha al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude y prófugo en Dubái, y al empresario Luis del Rivero. La confluencia de perfiles políticos y empresariales en esta causa sugiere una trama compleja cuyas ramificaciones alcanzan directamente al núcleo del poder político actual.

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