El Gobierno aprueba anteproyecto sobre la jornada laboral docente: ¿Promesa de mejora o injerencia autonómica?
Reducción de la jornada laboral docente: Un análisis de la propuesta del Gobierno
El Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que busca modificar las condiciones laborales de los docentes, reduciendo la cantidad de alumnos por aula y limitando el tiempo de trabajo. La Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que esta iniciativa tiene como objetivo «elevar la calidad de la educación y aliviar la carga de trabajo de los profesores», proponiendo un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria y 25 en Secundaria, con la particularidad de que los alumnos con necesidades educativas especiales computarán como dos plazas.
El anteproyecto, que ya ha sido acordado con los sindicatos de la enseñanza pública, deberá regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. El Gobierno prevé que el proyecto de ley sea debatido en las Cortes Generales en enero o febrero, confiando en obtener el respaldo de todos los partidos políticos, incluyendo a Junts.
Alegría ha señalado que «varias comunidades ya estaban utilizando estos horarios escolares, los cuales fueron propuestos en 2019», aunque ha precisado que a partir del próximo año escolar serán de cumplimiento obligatorio. El texto establece que, de manera general, la carga horaria semanal para los docentes será de 23 horas en educación infantil, primaria y educación especial, y de 18 horas en otras modalidades educativas. No obstante, se contempla la posibilidad de llegar a un máximo de 20 horas «de forma excepcional y por razones organizativas», compensándose con dos horas adicionales por cada periodo lectivo extra.
¿Injerencia en las competencias autonómicas?
Si bien la Ministra Alegría insiste en que la medida busca mejorar la calidad educativa, la obligatoriedad impuesta a las Comunidades Autónomas plantea interrogantes sobre la distribución de competencias en materia educativa. La Constitución Española reconoce la autonomía de las Comunidades Autónomas para la gestión de sus sistemas educativos, lo que incluye la organización de los recursos humanos y la determinación de las condiciones laborales de los docentes.
El coste de la medida: ¿Sostenible para las arcas públicas?
La reducción de la ratio alumno/profesor y la disminución de la jornada laboral docente implican, inevitablemente, un aumento del gasto público. El Gobierno no ha detallado aún cómo se financiará esta medida, ni si se prevén recortes en otras áreas para compensar el incremento del presupuesto educativo. La falta de transparencia en este aspecto genera incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de la propuesta.
En definitiva, el anteproyecto de ley sobre la jornada laboral docente plantea interrogantes sobre la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como sobre la sostenibilidad financiera de la medida. Si bien el objetivo de mejorar la calidad educativa es loable, es fundamental que se respeten los límites constitucionales y se garantice la viabilidad económica de la propuesta.