El pulso entre un ciudadano y una de las más altas instituciones del Estado se recrudece. Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acusado directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberlo «matado públicamente» y de convertirlo en «el delincuente confeso del Reino de España» antes de ser juzgado.
Un «delincuente confeso» por orden de la Fiscalía
Durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, en el marco de la querella contra García Ortiz por revelación de secretos, González Amador ha sostenido que la actuación de la Fiscalía ha demolido su derecho a la presunción de inocencia. Según su testimonio, desde que el Ministerio Público emitió una nota de prensa sobre su caso, el propio Gobierno y sus terminales mediáticas comenzaron a tratarlo como un culpable.
«Sigo siendo el delincuente confeso», afirmó el empresario, quien se enfrenta a una acusación por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. La clave de su denuncia reside en que la filtración de que su abogado había propuesto un acuerdo de conformidad fue utilizada como un arma política para presentar una negociación procesal como una admisión de culpabilidad.
El origen del conflicto: una nota de prensa sin precedentes
El epicentro de la polémica es la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo de 2024. Oficialmente, su objetivo era aclarar «informaciones contradictorias» que sugerían que había sido la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador. El comunicado desmentía este punto, aclarando que la propuesta partió de la defensa del empresario.
Sin embargo, lo que se presentó como un ejercicio de transparencia tuvo, según la defensa, un efecto devastador. Al confirmar la existencia de la propuesta de pacto, la Fiscalía proporcionó una narrativa que fue inmediatamente instrumentalizada por el Gobierno. Se pasó de un investigado en un procedimiento judicial a un «delincuente confeso», un marco que contamina el debate público y compromete el derecho a un juicio justo.
Este caso trasciende la situación personal de González Amador y plantea serias dudas sobre la neutralidad e independencia de la Fiscalía General del Estado bajo el mando de Álvaro García Ortiz. La cuestión de fondo que deberá dirimir el Tribunal Supremo es si el Ministerio Público actuó como un órgano imparcial del sistema de justicia o como un instrumento al servicio de la estrategia política del Gobierno.